‘Por sus altos costos’, podrían terminar ‘permeadas por dineros del crimen organizado’, afirma.
Sobre ese punto, da detalles de un nuevo desangre a punta de fallos judiciales, esta vez contra Invías, que va en 30 mil millones de pesos pero podría llegar a los 270 mil millones. Y dice que “el país debe llorar por los dos ojos”, en referencia a las investigaciones de la llamada ‘Farcpolítica’.
¿Qué tanto lo desvelan las críticas de los sectores que lo ven cercano al Gobierno?
A mí no me interesa disipar percepciones que no tienen fundamento. Algunos creían que la Procuraduría debía ser un instrumento de la oposición. Eso no significaría que fuera independiente. Me han criticado mucho por el fallo de los ministros en el llamado escándalo de la ‘Yidispolítica’, el de la señora Yidis Medina. Si me pregunta, con los elementos que encontré en ese proceso, volvería a absolverlos. Una decisión en contrario, con lo que había en ese expediente, hubiera sido prevaricar. A quien deba absolver lo absuelvo y a quien deba condenar lo condeno, sin importar lo mediático. En el caso de Teodolindo Avendaño, hicimos 28 pruebas que se acabaron de practicar en septiembre. Hay suficiente material probatorio para una decisión pronta.
¿Cómo van las gestiones para mediar en el ‘choque de trenes’ entre Corte y Gobierno?
Mientras que la Corte no acepte oficialmente mi mediación, me he propuesto no opinar. Todavía no puedo ostentar esa condición de mediador, que fue solicitada por EL TIEMPO. Para hacer una gestión de esa naturaleza, las partes implicadas deben dar su visto bueno. El Gobierno ya la dio, pero la Corte no ha dicho nada. Uno en estos casos casi tiene que olvidarse del derecho y aprender sicología.
¿Alcanzarán los tiempos para decidir la constitucionalidad del referendo reeleccionista?
Yo estoy pensando en el tiempo que tengo para proferir el concepto. Son 30 días hábiles, pero no sabemos todavía si nos los tomaremos.
Una de las preocupaciones de su antecesor, Edgardo Maya, era la falta de transparencia en las elecciones. ¿Cómo ve las del próximo año?
Hay una preocupación cada vez más intensa. Hoy, por los altos costos de las campañas, el gran riesgo es que terminen permeadas por dineros del crimen organizado -de las mafias, del paramilitarismo o de las Farc- y que, como consecuencia de esas financiaciones, termine cooptando las administraciones y determinando las políticas públicas, poniendo sus presupuestos al servicio de sus estructuras.
¿Y la financiación legal?
También hay riesgo en las financiaciones que provienen de actividades lícitas. En este caso, hay un especie de lema que transmite un poco la preocupación de la Procuraduría: ‘Financia hoy para contratar mañana’. En eso tenemos mucha preocupación. Aquí hay unas circunstancias que deslegitiman y afectan la credibilidad del Estado. Antes era casi que patrimonio exclusivo del órgano legislativo; hoy se ha democratizado la corrupción. Igualmente el sector privado denota problemas preocupantes. ¿De dónde se reciben las presiones para que el Estado se ponga al servicio de intereses que no corresponden al bien común? Pues del sector privado.
Usted acaba de denunciar a 37 jueces por corrupción. ¿El Estado sigue a merced de esos carteles de abogados, funcionarios y jueces confabulados para ‘tumbarlo’?
La corrupción en la administración de la justicia también existe, así algunos se escandalicen. Invías ha tenido 38 condenas desde el 2007 y le pedimos al Consejo de la Judicatura que investigue disciplinariamente a jueces que no tenían competencias para decidir y, sin embargo, fallaron contra el Estado. También estamos recaudando pruebas para denunciarlos penalmente.
¿Cómo van los casos por la plata de las regalías?
Van 425 investigaciones y hay pliegos de cargos en casos como los de Fiduagrario y Probolsa. Algunas de esas investigaciones comenzaron en marzo, lo que demuestra que estoy cumpliendo uno de mis compromisos: que las decisiones sean tomadas dentro del periodo de las administraciones y de los funcionarios.
¿Cómo ve lo que ha pasado con la ‘Farcpolítica’?
Esta semana se instaló el encuentro de procuradores penales, y cuando hablé de la memoria histórica, de la que somos guardianes como Ministerio Público, insistí en algo: que el país debe llorar por los dos ojos. Por la barbarie de los paramilitares, ¡claro! Por los conciertos para delinquir con la clase política y otros sectores de la sociedad, ¡claro! Pero lo que queremos es que igual protección tengan las víctimas de las Farc y del Eln; que se investiguen las masacres, los conciertos para delinquir con políticos y otros sectores; que la verdad sea total, porque la memoria no puede ser parcial. Como dije, que el país llore por los dos ojos.
‘Hay crisis en los controles a los altos funcionarios’¿Se debe acabar la Comisión de Acusaciones?
Lo que está demostrado es la crisis del diseño constitucional, referido al control de las conductas de los altos funcionarios. Si hoy no existe Comisión de Acusaciones, es muestra de que ese órgano de control no funciona. No tengo un criterio claro de cómo resolver el tema.Lo único que tengo claro es la crisis del diseño constitucional. Habrá que pensar en ello cuando se creen los escenarios adecuados, institucionales, ya sea en el Congreso o en un escenario constituyente, pero es algo inaplazable. Lo mismo pasa con los congresistas: no tiene presentación que quien elige al Procurador y puede reelegirlo sea disciplinado por él. Eso lo dije desde mi elección: el control disciplinario que tiene la Procuraduría frente a los congresistas es proclive a la impunidad.
La Sala Disciplinaria de la Judicatura sigue generando polémicas con las otras cortes por sus fallos, especialmente sobre las tutelas. ¿Qué piensa?
Lo que genera preocupación es el origen de ese órgano disciplinario. La mayoría de las críticas hace relación a ese hecho.
En ese sentido, ¿los requisitos de la Constitución para elegir a los altos dignatarios de la Justicia no son muy genéricos?
No es problema de mayores o menores requisitos. Tener más experiencia no garantiza nada. Ser más exigente no es garantía de nada.
¿Su fórmula para resolver el ‘choque de trenes’ por las tutelas contra sentencias?
Esas pugnas y controversias por la tutela ya cumplen 18 años, lo que lleva la Constitución. Se han hecho intentos, se han diseñado fórmulas, pero se ha fracasado. Que se reforme la Constitución y se diga si la tutela contra sentencias procede o no. Y si se acepta que procede, que ese medio de control constitucional (la tutela) deba realizarse al interior de cada órgano judicial. Así automáticamente desaparece el conflicto.
